30 de marzo del 2017

El sistema de transporte del país atraviesa por su peor crisis, y esto afecta de manera importantísima a la ciudadanía. Pasamos muchas horas de nuestros días sumergidos en la congestión vehicular y esto afecta a nuestras familias y a nuestra salud.

El transporte público debería ser nuestra alternativa para viajar de manera cómoda eficiente y segura, pero estamos muy lejos de lograr ese objetivo. El sistema regulatorio que creó Costa Rica ya no responde a las necesidades de la población. Se ha perdido la rectoría, y se ha perdido de forma peligrosa. No hay ninguna inversión que permita que los habitantes tengamos lugares seguros para tomar un autobús, no contamos con terminales, tampoco con casetas, ni con sistemas de información al usuario.

Las autoridades políticas han olvidado su papel rector y han cedido sus potestades a una institución autónoma que no reconoce los planes nacionales de desarrollo, llamada Aresep. Los taxistas rojos no han sido cuidados en su papel de socios estratégicos del Estado, y sus contratos de concesión están siendo violados flagrantemente. Ellos deben pagar seguros, deben ir dos veces al año a la revisión técnica vehicular, cumplir con requisitos innumerables, pagar impuestos, asumir inversiones en vehículos y en dispositivos tecnológicos, cobrar tarifas autorizadas y más. Las autoridades políticas han permitido una competencia desleal a esta actividad con servicios no regulados que no pagan impuestos ni cumplen con todo el resto de deberes que la Ley les exige. Claman ellos por la protección estatal, pero no son escuchados. Desesperados porque su sustento se ve amenazado ya, equivocan estrategias de presión, y han decidido invadir las rutas de autobuses regulados.

Regulados contra regulados, todos desprestigiados por los medios de comunicación colectiva, porque no han entendido que la calidad depende de inversiones del Estado en nuestras ciudades.

Somos víctimas de una vorágine impresionante de introducción de motos y de autos al país que nos tiene frente a una pandemia de salud pública. Nos venden la idea de que un auto o que una moto son la solución al problema de movilidad y los bancos ofrecen créditos sin casi requisitos. Compramos motos como si fueran lavadoras y sin importar que el futuro conductor posea una licencia o no. Eso es cosa de cada quien, dirán ellos.

Ahora alertamos a la población: estamos frente a una crisis regulatoria que costará muy caro a Costa Rica. Las empresas encargadas del transporte por autobús no tienen ninguna seguridad jurídica. Los contratos no fueron refrendados por Aresep, las inversiones no son reconocidas en tarifa, los bancos se preocupan si deben dar crédito, los taxistas rojos se salen del marco jurídico y dicen que harán viajes colectivos con tarifas atractivas sobre los recorridos de los autobuses. Uber se sigue llevando los recursos del país sin pagar impuestos ni seguridad social, y no tenemos a una Autoridad Política que demuestre querer rescatar la legalidad mancillada, rota, violada por este enjambre de condiciones y circunstancias.

El precio que pagamos por estas deficiencias es cada vez mayor, y será cada vez más difícil de revertir.

Canabus le exige al Gobierno de la República que actúe de inmediato en defensa del sistema regulatorio que tanto ha costado construir. Canabus advierte a la ciudadanía que este estado de cosas van a traer violencia, van a incrementar los costos de desplazamiento de los habitantes, van a hacer que la paz social se vea amenazada, y no podemos callar ante las evidencias.